El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso presentado por el gobierno del Estado por la supuesta inconstitucionalidad de la llamada “Cláusula Corcoesto” de la normativa de caducidad de los derechos mineros introducida en 2014 por la Xunta en la reforma de la Ley de Ordenación de la Minería de Galicia, confirmando que el gobierno gallego actuó conforme a derecho al retirar a Mineira de Corcoesto y por tanto a la multinacional Edgewater los derechos de explotación del yacimiento aurífero de Corcoesto (Cabana de Bergantiños). De esta manera el Constitucional da carpetazo al proyecto minero y a las pretensiones de la empresa de reclamar al Estado 20 millones de euros.

El Alto Tribunal desestimó el recurso del Estado contra la llamada “Cláusula Corcoesto” de la Ley de Ordenación Minera de Galicia

En sus 26 páginas la sentencia del 18 de febrero concluye que la parte de la normativa de caducidad de los derechos mineros puesta en cuestión “no hace más que regular el conjunto de acusaciones precisas para la puesta en práctica de la normativa estatal y, por tanto, resulta amparado por la competencia ejecutiva de la legislación estatal que atribuye a la Comunidad Autónoma de Galicia el artículo 28.3 del Estatuto de Autonomía de Galicia”, relativo al régimen minero y energético. Es decir, la normativa no va en contra de lo establecido en la Constitución, sino que, por el contrario, está amparado por la competencia ejecutiva que atribuye la Constitución a la Autonomía.

La parte de la normativa autonómica recurrida por el gobierno central y ahora ratificada por el Constitucional, concretamente el artículo 84, sostiene que la Xunta podrá denegar los derechos mineros por “el incumplimiento de los requisitos subjetivos o la insuficiente acreditación de la solvencia económica o técnica del solicitante”, tal como ocurrió con Mineira de Corcoesto -filial de Edgewater-, a la que la administración autonómica comunicó oficialmente la cancelación del proyecto el 11 de marzo de 2014 por su falta de solvencia técnica y financiera.

La sentencia cierra la puerta definitivamente al proyecto y a las pretensiones de indemnización de Edgewater

Asimismo, la normativa especifica que tras denegarse los derechos mineros y ser definitiva la resolución por la vía administrativa, el órgano competente incoará de oficio el procedimiento de cancelación de los derechos mineros y, por tanto, la anulación de las concesiones.

Manifiesta el pleno del Alto Tribunal que en la redacción que se le da al artículo 84 de la Ley de Galicia 12/2014, “no añade una causa de caducidad de las concesiones reguladas por la disposición transitoria primera LM a las causas reguladas de manera específica y con vocación de exclusividad en la norma estatal, por lo no incurre en inconstitucionalidad por este motivo”.

Después de la publicación de la sentencia, que llega justo en el momento en el que se presentaron más de 300 alegaciones contra otro posible proyecto minero, la entidad Salvemos Cabana ha mostrado su satisfacción por el fallo del Constitucional “que reafirma un hito logrado por la sociedad gallega en su conjunto en la defensa del medio ambiente y la salud pública”.

Salvemos Cabana ha calificado el fallo como “un triunfo de la sociedad civil”

Asimismo agradece “a todas aquellas personas, organizaciones e instituciones que han apoyado la lucha contra el proyecto minero desde sus inicios. Porque la anulación de la iniciativa de Edgewater en Corcoesto es un triunfo de la sociedad civil, de la dignidad colectiva, pero sobre todo un triunfo de la razón y el sentido común frente a la irracionalidad de los mercados y la economía transnacional”.