El gobierno tripartito de Ponteceso anunció ayer su pretensión de poner a disposición del Ministerio Fiscal y del Tribunal de Cuentas el informe técnico independiente elaborado por un ingeniero a petición del Concello en el que se revela el sobreprecio de 38 facturas por valor de casi 450.000 euros presentadas por la empresa Construcciones Esteban Seoane, y por cuyo impago la firma presentó un recurso contencioso administrativo que fue desestimado por el Juzgado de lo Contencioso Número 2 de A Coruña. El ejecutivo local pretende que así que se investigue lo que consideran “o saqueo sistemático” de las arcas locales por parte de algunos contratistas con el beneplácito del anterior alcalde, José Luis Fondo y su equipo de gobierno.

“Se non o denunciamos, seriamos cómplices”, asegura el alcalde, Lois García Carballido.

En el informe de más de 200 páginas elaborado precisamente a raíz de la denuncia, para preparar la defensa del gobierno municipal, el ingeniero Luis Álvarez Rubiños analiza las 38 actuaciones cuyo pago reclama la empresa y concluye que en las mismas hay sobreprecios que superan incluso el 2.000% con respecto a lo que, estima, es el precio real de tales trabajos, rebajando así la deuda que reclama la empresa de los casi 450.000 euros a 189.283 euros y eso “dando por boas algunhas obras e unidades de obras que a día de hoxe son de moi dubidosa comprobación, algunha delas con indicio de que nunca se executaron”, en palabras del alcalde.

Presentará al Ministerio Fiscal y al Tribunal de Contas un informe exhaustivo sobre las actuaciones del anterior gobierno de Ponteceso

El mayor sobreprecio, concluye el informe, es del acondicionamiento de la primera planta de la escuela de Brantuas, cuya factura asciende a 2.981 euros mientras que el técnico estima que los trabajos costaron apenas 132,74 euros, inflando así el precio en un 2.145,8%. Por la reparación del borde del “Cubo” al borde del río Anllóns el importe de la factura es de 9.060 euros –“por poñer unhas pedras normais” manifiesta el concejal de Obras José Manuel Pose–, frente a un supuesto coste real de 978 euros, lo que infla el valor de los trabajos en 825 por ciento.

Otro importante sobreprecio (559%) es el de la factura de la limpieza y retirada de arena de la playa de Balarés, por lo que se reclaman al Concello 12.918 euros cuando, en teoría, esa actuación no costaría más de 1.958 euros. En este caso, se indica que se retiraron más de 700 metros cúbicos de arena en la zona de la pasarela de madera; “estariamos a falar duns 40 camións para sacar a area dunha zona protexida, con dunas e sen autorización de Costas”, manifiestan desde el gobierno municipal. Siguiendo con los ejemplos, la factura por el saneamiento de la calle Vereda es de 54.488 euros, un 431% más que el valor real estimado, que apenas supera los 10.200 euros.

Y así continúa el informe hasta valorar las 38 facturas que reclama la empresa, que ya con anterioridad cobró entre 2009 y 2015 otros 812.000 euros en trabajos que, al igual que las actuaciones fiscalizadas, carecían de memoria justificativa, partida presupuestaria, no se licitaron y tampoco cuentan con certificación de recepción de las obras, vulnerando así, en opinión del alcalde, toda la legislación en materia de contratación, motivo por el que el juzgado desestimó el recurso presentado por Construcciones Esteban Seoane.

“O único que hai desta empresa no Concello son facturas”, explica Pose.

Así pues, apuntan tanto Carballido como Pose y el nacionalista Carlos Penedo que del informe y del propio auto judicial se deduce una “presumible actividade delictiva” del anterior alcalde y su equipo a favor de algunos contratistas que incrementó de manera “brutal” el déficit y la deuda municipal y que, a día de hoy, está lastrando “a execución de políticas activas en beneficio dos veciños”, según Penedo.


¿Fiscalizar o negociar?

Ahora mismo el tripartito se encuentra ante la disyuntiva de fiscalizar todas y cada una de las facturas pendientes del anterior gobierno con el objetivo de dar con irregularidades o seguir negociando con los acreedores y acabar con el asunto cuanto antes. La primera postura la mantienen PSOE y BNG. Aunque García Carballido aseguró que seguirán negociando también aseveró que “non imos pagar un euros de máis” a ninguna empresa, mientras Penedo afirma que alguien tiene que reponer los fondos municipales extraídos de manera ilícita. Pose, por su parte, prefiere llegar a acuerdos.